Un cambio de corruptos

Recuerdos del presente

El precio de la paz

Humberto Vacaflor

Alfredo Stroessner, que estuvo en la presidencia de Paraguay durante 34 años, hasta que fue derrocado en 1989, solía definir al contrabando y al uso que su régimen hacía de esa actividad, como “el precio de la paz”.
Fue el primero en Sudamérica que tuvo la idea de poner a militares en los cargos de control de las aduanas para que administren el contrabando. Tres décadas estuvieron los militares paraguayos muy ocupados en esas tareas, hasta que convirtieron al contrabando en la mayor actividad económica de su país. No tuvieron tiempo para derrocar a Stroessner, que es lo que él quería.
El método, se podría decir, ha sido probado. El efecto lateral, quien sabe no deseado, de la aplicación de este método en Paraguay, fue el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, a través de su desprestigio.
El derrocamiento de Stroessner, en febrero de 1989, se produce cuando el régimen de administración del contrabando y la ilegalidad había incursionado en el manejo también del narcotráfico y del terrorismo.
El problema en que está ahora el gobierno del presidente Evo Morales surge de un intento de pasar la administración del contrabando a los militares. Hasta ahora, los gobiernos bolivianos habían optado por confiar la administración del contrabando a personas o familias que se comprometían a entregar parte del botín al partido gobernante. Se sabe de esposas de presidentes que estuvieron a cargo de estas tareas, con mucha eficiencia.
El manejo de esta corrupción, la administración de estos pecados, era algo conocido. Los encargados tenían que entregar parte del botín a la familia y parte al partido. Si lo hacían bien, se quedaban con algo y conservaban el cargo. Sabían que la lista de los aspirantes a reemplazarlos era muy larga.
Y llega al gobierno del cambio. Por lo que se ha sabido en estos días, lo que ha hecho es cambiar a los administradores de los pecados del país con un criterio diferente. No ha terminado con los pecados; ha cambiado a sus administradores. Ha puesto a un ministro a cargo del negocio, pero se ha propuesto comprometer a las Fuerzas Armadas también, quien sabe con el criterio de pagar “el precio de la paz”.
Cuando ha llegado este fin de semana, el gobierno no atinaba a reaccionar ante este aluvión de malas noticias. El intento del presidente Morales de atribuirlas a la derecha fascista y racista no ha convencido ni siquiera a Román Loayza. Tiene que explicar cómo es que él mismo, el presidente, no dio la ayuda que le pidió el ex presidente de la Aduana, general César López, quien hace ahora la denuncia. Y cómo es que el ministro Juan Ramón Quintana cometió la torpeza de reunirse con contrabandistas en el Palacio Quemado. Stroessner los hubiera cambiado de inmediato.
Lo peor es que este aluvión vino a aguar la fiesta que el gobierno había preparado para festejar el informe del Unasur sobre Cobija. Iba a ser el mayor triunfo diplomático del gobierno. Iba a justificar todo lo hecho en Cobija. Todo estaba listo para el festejo. Iba a ser la consagración del gobierno del cambio. Y viene a descubrirse que, en realidad, todo fue manejado por un torpe administrador del contrabando. Y que este es un gobierno mata-cambio.
Qué lástima. Otra vez será.