Cambio urgente en la ley de hidrocarburos

Nueva política petrolera

Las preferencias que tiene el consorcio Petroandina (YPFB-PDVSA) están abarcando demasiado, pero podrían estar abriendo el camino a un cambio en las condiciones que rigen para las demás petroleras que operan en Bolivia. Para confirmarlo, el gobierno propone definir una nueva política de Estado sobre hidrocarburos.

La semana pasada se confirmó que el consorcio es conducido, en la práctica, por la parte venezolana y que goza de una virtual extraterritorialidad ante las normas para las empresas estatales. No cumple, a pesar de que YPFB es la socia mayoritaria, las normas de la ley Safco y ha cometido graves faltas ante el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN).

Originarios sosegados: El aporte más valioso de este consorcio es haber hecho meditar al presidente Morales sobre la capacidad de veto que él mismo les dio a los pueblos originarios cuando se trata de la explotación de recursos naturales. En efecto, los pueblos originarios estaban autorizados a poner toda clase de obstáculos a las operaciones económicas, sobre todo del sector petrolero, donde cobraban por todo y por nada, a cambio de aprobar las licencias ambientales.

Fue providencial que Petroandina se propusiera ingresar al norte de La Paz y los originarios de la zona se opusieran, porque a partir de ese momento el gobierno comenzó a meditar sobre ese método. El presidente Morales llegó a decir, cuando se enteró de que los “mosenetes” y los “lecos” no querían que Petroandina ingresa a sus territorios: “Y ahora, ¿de qué vamos a vivir?” (ver Siglo 21 N. 1080).

Fue la señal que necesitaban los funcionarios a cargo de estos trámites para poner a un lado las objeciones de los originarios. “Las licencias ambientales se están convirtiendo en un obstáculo”, llegó a decir el presidente de YPFB, Carlos Villegas. Las petroleras miran con interés los triunfos de Petroandina sobre las normativas bolivianas. Si las licencias ambientales fueran eliminadas o por lo menos suavizadas, algunas inversiones podrían concretarse. En el caso del norte de La Paz, el gobierno ha mostrado que ni siquiera los parques naturales necesitan ser respetados con tanto afán. El gobierno boliviano se estaba aproximando a la actitud del gobierno de Perú, que tuvo dificultades para el ingreso de petroleras a la región amazónica.

Cambio en las tierras bajas: El cambio de actitud del gobierno boliviano no es resultado de un error o de una simpatía especial hacia la empresa estatal venezolana: tiene que ver con la escasez de inversiones en Bolivia. Por el momento, el gobierno está poniendo orden en las tierras bajas, reduciendo la autoridad de los originarios en la concesión de las licencias ambientales.

La tarea más difícil la está dejando para después: poner orden entre los originarios del occidente que tienen la costumbre de apoderarse de explotaciones de recursos naturales. Los votos de los originarios de las tierras bajas son muchos menos que los de las tierras altas. Quizá eso explique la decisión del gobierno de dejar esta tarea para después de las elecciones de diciembre. Pero es evidente que Petroandina vino a cambiar profundamente al gobierno boliviano.